Universalidad del derecho a la salud: sin distinción de raza, género, religión, orientación política o situación económica o social, creando los mecanismos para que los ciudadanos puedan reclamar en caso de que estos compromisos no se cumplan.

Equidad: todas las personas sin discriminación tienen derecho a la protección de su salud y al acceso a las actuaciones de Salud pública. La equidad tiene un valor intrínseco porque es un requisito para las capacidades, las libertades y los derechos de las personas.

Solidaridad: como grado en el que los miembros del sistema de salud, en conjunto con la sociedad civil, trabajan conjuntamente para definir y conseguir el bien común en salud.

Efectividad y eficiencia: las actuaciones son resolutivas, ágiles y adecuadas a los recursos.

Integralidad: en las respuestas a las necesidades  de salud de la población.

Respeto: cordialidad en las relaciones interpersonales y actitud de servicio a la ciudadanía.

Honestidad y Transparencia: como principios y  métodos que  guían el trabajo y configuran la credibilidad de la institución.

Con servicios orientados hacia la calidad: además de responder a las necesidades de la población, tiene la capacidad de anticiparse a ellas y de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, al mismo tiempo que aseguran la mejor intervención para sus problemas de salud, evitando cualquier daño.

Participación: de las comunidades y de cada ciudadano como factor de democratización y transparencia del Estado y garantía de los derechos.