•En el marco del Sistema de Protección Social, se llevaron a cabo importantes jornadas de trabajo en los distritos de Paso Barreto e Itacuá, de Concepción.
Durante dos jornadas se avanzó en la elaboración del Plan de Acción Territorial (PAT), mediante una metodología participativa para la instalación y funcionamiento de las mesas de Protección social como herramienta clave del Sistema de Protección Social y del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Esta estrategia de trabajo conjunto entre instituciones del Estado está orientada a dar respuestas integrales a las principales problemáticas sociales y lograr un mayor impacto en el territorio. En este proceso, se identificaron y registraron en el sistema los requerimientos definidos con el aporte directo de referentes locales, institucionales, representantes de comunidades indígenas y de la sociedad civil. En total, participaron activamente 102 personas en la construcción del Plan de Acción Territorial, que buscará mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de los habitantes de Paso Barreto e Itacuá. Las reuniones fueron lideradas por el director ejecutivo de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, Héctor Cárdenas. Por parte del Ministerio de Salud Pública, participaron el director general de Desarrollos y Redes de Servicios de Salud, Dr. Gustavo Ortiz, y el director regional de la I Región Sanitaria, Dr. Cecilio Roig, y su equipo técnico. También participaron de las jornadas la gobernadora de Concepción, Dra. Liz Meza; intendente municipal de Paso Barreto, Milcíades Arce; diputado Arturo Urbieta; diputada Virina Villanueva; y en representación del intendente municipal de Itacuá, Ángel Ávalos. También estuvieron presentes autoridades departamentales y municipales, referentes de instituciones del nivel central y local. Con su participación, la cartera sanitaria reafirma su compromiso institucional con la instalación y funcionamiento de las Mesas de Protección Social. Estas mesas de SPS tienen como propósito coordinar acciones interinstitucionales para abordar la pobreza desde una perspectiva multidimensional, garantizando el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación y empleo, especialmente en favor de las poblaciones más vulnerables.