- El trabajo conjunto apunta a mejorar la atención médica, la prevención de enfermedades y el abordaje de la salud mental de las personas privadas de libertad, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Justicia avanzan en una agenda de trabajo coordinada, orientada a fortalecer la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario, mediante un enfoque integral que prioriza la prevención, la atención oportuna y la rehabilitación. Durante una reunión de trabajo, la ministra de Salud Pública María Teresa Barán Wasilchuk y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; junto con los viceministros, de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, y de Política Criminal Rubén Maciel; y equipos técnicos, analizaron líneas de acción orientadas a mejorar el acceso a servicios de salud para las personas privadas de libertad, especialmente en aquellos casos que requieren una atención más compleja que la cobertura habitual. El trabajo interinstitucional apunta a optimizar la organización de los servicios de salud dentro de los establecimientos penitenciarios, fortalecer la respuesta ante urgencias, mejorar el abordaje de patologías prevalentes —incluidos los trastornos de salud mental— y reducir las derivaciones, garantizando al mismo tiempo las condiciones de seguridad correspondientes. Las autoridades coincidieron en que la salud integral de las personas privadas de libertad es un componente clave para avanzar hacia un sistema penitenciario más digno, seguro y orientado a la rehabilitación, con impacto positivo no solo dentro de los establecimientos, sino también en la salud pública en general. Asimismo, se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre instituciones, establecer protocolos claros de atención y continuar el análisis técnico necesario para definir las mejores alternativas de organización y financiamiento de los servicios sanitarios en el ámbito penitenciario. El encuentro contó con la participación de autoridades y equipos técnicos de ambas carteras, quienes continuarán trabajando de forma conjunta para ajustar la propuesta y avanzar en un modelo de atención sanitaria que responda a las necesidades reales del sistema penitenciario, con un enfoque centrado en las personas y el respeto a los derechos humanos.
